SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1942/2011-R
Sucre, 28 de noviembre de 2011

Expediente: 2011-23205-47-AL
Distrito: La Paz
Magistrado Relator:Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés

En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Yolanda Beatriz Huiza Cocarico contra Yilkha Fátima Hinojosa Fernández y Ximena Morales Aramayo, Fiscales de Materia.

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial de 2 de febrero de 2011, cursante de fs. 8 a 9, la accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que la motivan
Dentro de la observancia de la sentencia ejecutoriada de privación de libertad, y una vez que le fue concedido el beneficio de extramuro, ésta venía cumpliendo con las condiciones que le impusieron. Es así, que el 1 de febrero de 2011, se presentó al Juzgado de Ejecución Penal, a objeto de firmar el libro de control, donde fue detenida por orden de la Fiscal Yilkha Fátima Hinojosa Fernández, que como Directora Funcional de la investigación iniciada en su contra sobre ganancias ilícitas, alegó que supuestamente hubiere obstaculizado las investigaciones además de la existencia de peligro de fuga; investigación con la que no fue notificada, mucho menos para prestar su declaración informativa policial, sin embargo, la citada Fiscal emitió orden de aprehensión que fue ejecutada por la Fiscal Ximena Morales Aramayo.
Refiere que, no tuvo acceso al cuaderno de investigaciones, encontrándose actualmente detenida en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Sopocachi, sin que exista imputación formal en su contra y sin habérsele entregado una copia del mandamiento de aprehensión misma que solicitó y fue negado de forma déspota por la Fiscal Ximena Morales Aramayo, quien conjuntamente con la Fiscal Yilkha Fátima Hinojosa Fernández, no observaron el principio de objetividad que deben regir sus actos.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la "seguridad jurídica", citando al efecto los arts. 115. II, 119.II, de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se disponga su inmediata libertad.


I.2.Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 3 de febrero de 2011, cursante de fs. 54 a 62, con la concurrencia del abogado de la accionante quien no estaba presente, la demandada, Fiscal de Materia, Ximena Morales Aramayo, en ausencia de la codemandada y el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El abogado de la accionante ratificó in extenso los términos de la acción presentada, y los ampliaron señalando que: 1) Su patrocinada, venía cumpliendo las medidas que le fueron impuestas para acceder al beneficio de extramuro; sin embargo, al presentarse a firmar el libro de registro, fue arbitraria e ilegalmente aprehendida por orden de la Fiscal Yilkha Fátima Hinojosa Fernández, pues no tuvo conocimiento de la investigación sobre ganancias ilícitas, al no haber sido notificada legalmente para que preste su declaración informativa policial; 2) Existe una imputación formal contra el esposo y los hijos de su cliente, y no es posible que al estar cumpliendo una condena y hubiere sido beneficiada con el extramuro, se la sindique de ganancias ilícitas, pues con el allanamiento que se realizó en su domicilio, se constató que ella no se encontraba allí, además de no haber encontrado sustancia controlada alguna, solamente coca; siendo falsa la información de que se trataba de una fábrica de sustancias controladas, sin que se encuentren precursores; siendo que con esas arbitrariedades imputaron a su cliente; y, la Fiscal Ximena Morales Aramayo, ejecutó la orden de aprehensión emitida por la Fiscal codemandada, sin previa notificación, a lo que se suma que no existe ningún elemento de convicción de que la hoy accionante esté participando en los hechos imputados; 3) La Fiscal Yilkha Fátima Hinojosa Fernández, tiene rencor con la familia de su defendida, toda vez que al ejecutar el allanamiento ejerció violencia contra menores de edad, lo que está acreditado con los respectivos certificados médicos forenses; hecho que fue denunciado a la Defensoría de la Niñez, Fiscal de Distrito, a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y ante la Inspectoría General de la Fiscalía, para que se le inicie un proceso administrativo, lo que a la fecha no se cumple, en razón a que las Fiscales demandadas tienen amedrentadas a las autoridades judiciales con la amenaza de iniciarles procesos; 4) Yilkha Fátima Hinojosa Fernández, en la imputación formal sostiene que la accionante no tiene familia ni trabajo, sin tener en cuenta que la accionante se dedica a la agricultura, tal como lo certifica el Gobernador del penal; y, 5) Por otra parte, no se otorgó copia del mandamiento ni Resolución de aprehensión y se vulneró el derecho a la defensa, pues como abogado de la imputada tiene todo el derecho de asistir a las actuaciones que se señalen, reiterando por lo expuesto, se disponga la inmediata libertad de su defendida.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
La Fiscal demandada, Ximena Morales Aramayo, en audiencia manifestó: Blanca Nogales, en audiencia señaló que: a) La Fiscal Yilkha Fátima Hinojosa Fernández, se encuentra de vacaciones, habiendo asumido la suplencia en todos los casos y actuaciones. Aclara que no fue ella quien ejecutó el mandamiento de allanamiento y aprehensión, sino el investigador asignado al acaso, en virtud a la Resolución de aprehensión emitida por su colega; pues este caso se ha originado con el mandamiento de allanamiento emitido el 24 de agosto de 2010, en el que se encontró dos vehículos en los que se efectuó el micro aspirado, cuyo resultado fue positivo al encontrase sustancias controladas y en la requisa realizada se encontró entre otros elementos de convicción, joyas, dineros y copia de la Sentencia ejecutoriada contra la ahora accionante, quien tiene antecedentes penales al haber sido hallada en dos oportunidades en posesión de cantidades mayores de sustancias controladas, estableciendo por ello que la accionante ha hecho de la actividad del narcotráfico un medio de vida, acumulando ganancias ilícitas que no puede justificar, pues no tiene una actividad laboral que le genere recursos para adquirir los bienes que posee y cuya procedencia lícita no ha demostrado; b) La accionante ha obstaculizado la investigación al valerse de una tercera persona para recuperar los vehículos referidos y con poderes de personas que han fallecido, hecho que se ha puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional; c) Tampoco es evidente que el abogado no conoce el cuaderno de investigaciones, ya que él asume también la defensa de los otros imputados; d) En el presente caso se ha establecido el peligro de fuga y obstaculización, a cuyo efecto presentará las pruebas y los elementos de convicción, no habiendo actuado arbitraria e ilegalmente como afirma la accionante; y, e) La audiencia de medidas cautelares de la accionante está fijada para mañana en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto, solicitando, por lo expuesto, se niegue la acción de libertad planteada.

I.2.3. Resolución
El Juez Primero de Partido y Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, constituido en Juez de garantías, pronunció la Sentencia 04/11 de 3 de febrero, cursante de fs. 63 a 64, de obrados, denegó la tutela con el fundamento que la jurisprudencia constitucional ha establecido el carácter subsidiario del hábeas corpus, ahora acción de libertad, que es vinculante en este caso, toda vez que la accionante denuncia actos ilegales restrictivos de libertad, supuestamente cometidos por las Fiscales demandadas, antes de que exista imputación formal, por lo cual, esas supuestas ilegalidades debe denunciarlas ante el Juez cautelar para que repare las vulneraciones a los derechos que se denuncian.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal por Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009; es decir, bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación del sorteo de causas, por lo que la presente Sentencia se pronuncia dentro de plazo.

II.CONCLUSIONES

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes arrimados al expediente se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.El Juez de Ejecución Penal y Supervisión, mediante Resolución 213/2010 de 9 de agosto, concedió el beneficio de libertad condicional a la accionante, Yolanda Beatriz Huiza Cocarico, condenada por el delito de tráfico de sustancias controladas, imponiéndole entre otras condiciones presentarse al Juzgado a objeto de firmar el libro de control del 1 al 5 de cada mes (fs. 6 y vta.).
II.2.El Ministerio Público inició proceso penal contra Orlando Ortíz Capajeña y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y ganancias ilícitas, dentro del cual y estando aún en curso las investigaciones, la Fiscal de Materia, ahora demandada Yilkha Fátima Hinojosa Fernández, ante la existencia de peligro de fuga y obstaculización, y de acuerdo con el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), emitió la Resolución de aprehensión de 27 de octubre de 2010, y el respectivo mandamiento de la misma fecha, contra la accionante, a objeto de que preste su declaración informativa policial, que fue ejecutado el 1 de febrero de 2011 (fs. 49 a 53).
II.3. Según el informe presentado por la Fiscal de Materia demandada, Ximena Morales Aramayo, que no fue desvirtuado por la accionante, señala que el caso se encuentra en conocimiento de la autoridad jurisdiccional quien resolvería la situación jurídica de la accionante en la audiencia señalada para el 4 de febrero de 2011, es decir al día siguiente de la consideración de esta acción tutelar (fs. 62).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La accionante denuncia que se han vulnerado sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, por cuanto fue beneficiada con la libertad condicional; y presentarse el 1 de febrero de 2011, en el Juzgado de Ejecución Penal, a objeto de firmar el libro de control, fue detenida por orden de la Fiscal Yilkha Fátima Hinojosa Fernández, que como Directora Funcional de la investigación iniciada en su contra sobre ganancias ilícitas, alegó que supuestamente hubiere obstaculizado las investigaciones; además, de la existencia de peligro de fuga, investigación iniciada en otro proceso con la que no fue notificada, menos para prestar su declaración informativa policial, sin embargo, la citada autoridad fiscal emitió la orden de su aprehensión que fue ejecutada por la Fiscal Ximena Morales Aramayo. En consecuencia, corresponde determinar, en revisión si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad

La garantía jurisdiccional del hábeas corpus fue consagrada por el art. 18 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), actualmente, la Ley Fundamental, también la contempla pero con la denominación de acción de libertad en los arts. 125 al 127; sin embargo, no se trata de un simple cambio de nomenclatura, sino de una precisión conceptual, pues conforme a la teoría del Derecho Procesal Constitucional, sustituir la denominación de "recurso", por la de "acción" -además de adecuar la legislación boliviana a la evolución de la doctrina de la materia- implica reconocer a esta garantía como "la facultad de demandar la protección de un derecho ante los órganos jurisdiccionales" o sea "poner en marcha el aparato del Estado para la protección de un derecho conculcado", en contraposición a la denominación de "recurso" que implicaba considerarla como la simple impugnación o reclamación que, concedida por ley, efectúa quien se considera perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal para que el superior la reforme o revoque y que por ello supone la existencia previa de un litigio (García Belaunde, Domingo. "El hábeas corpus en el Perú". Universidad Mayor de San Marcos, 1979, p. 108).
La precisión conceptual que implica el cambio de denominación, también conlleva que, englobando el ámbito de protección y las características esenciales del hábeas corpus, la acción de libertad adquiera una nueva dimensión; en ese sentido, se constituye en una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano-junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal, la garantía del debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004-R de 1 de diciembre) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC 0023/2010-R de 13 de abril).
Asimismo, la Constitución vigente mantiene las características esenciales del hábeas corpus: El informalismo, por la ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad.
Es importante resaltar que la Constitución Política del Estado vigente, en el marco más amplio que implica la concepción de la "acción de libertad" y acorde al principio de progresividad, acentúa algunas de las características anotadas; así por ejemplo, en el caso del informalismo, contempla la posibilidad de presentación oral de la acción de libertad, antes reservada sólo a los supuestos en que la persona fuera menor de edad, incapacitada, analfabeta o notoriamente pobre; en el caso de la inmediación, además de establecer que la autoridad judicial dispondrá que el accionante sea conducido a su presencia, prevé la posibilidad de que ésta acuda al lugar de detención; asimismo, como ya se ha referido, amplía el ámbito de protección, pues la ahora acción de libertad no se limita a la protección de ese derecho, sino que alcanza al derecho a la vida, además de la posibilidad de presentarla también contra particulares (art. 126 CPE).

De este modo, la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal para el hábeas corpus, en tanto y en cuanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado es plenamente aplicable a la acción de libertad.

III.2.Sobre el carácter excepcionalmente subsidiario de la acción de libertad
Con relación a la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado de manera uniforme, entre otras en la SC 658/2011-R de 3 de mayo, al señalar:
"A través del desarrollo jurisprudencial emitido por este Tribunal, la acción de libertad, antes recurso de hábeas corpus, tiene carácter excepcionalmente subsidiario,"... en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado…" SC 0160/2005-R de 23 de febrero".
"Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional…" (SC 0160/2005-R de 23 de febrero".
Por lo señalado, la acción de libertad, procederá de forma directa, sólo si los medios legales ordinarios no son los adecuados e idóneos para reparar de forma inmediata y eficaz el derecho a la libertad ilegalmente restringido.
Precisando dicho entendimiento, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, sobre la base de la Ley Fundamental vigente, estableció que la naturaleza de la acción de libertad, frente a otros mecanismos ineficaces hace que: "…se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos…".
Por lo que añade: "…en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos" (negrillas agregadas).

Bajo ese entendimiento, esta última Sentencia estableció sub reglas para determinar la existencia de medios efectivos y oportunos de defensa de los derechos que se encuentran bajo la protección del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, conforme al siguiente sentido:

"I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas".
III.3.Juez Cautelar como encargado del control de la investigación

En cuanto a los medios de impugnación prontos y eficaces a los que el imputado puede acudir en defensa de sus derechos durante la fase de investigación o etapa preparatoria que se inicia con la denuncia, querella o noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un delito, se tiene que el Código de procedimiento penal ha previsto la figura del Juez Cautelar como encargado del control de la investigación, autoridad a la que debe recurrir todo imputado cuando considere que durante el desarrollo de la investigación se han lesionado sus derechos y/o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía o Policía Nacional, ya que conforme al art. 279 del CPP estas instituciones actúan siempre bajo control jurisdiccional. Así, la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0181/2005-R, de 3 de marzo, ha establecido lo siguiente: "el Código procesal de la materia atribuye, en el art. 54.1 del CPP al Juez Instructor la función de ejercer 'el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código'. A su vez, el art. 54 del mismo Código adjetivo establece que el imputado puede ejercer la defensa de sus derechos y garantías desde el primer momento del proceso".
III.4. Análisis del caso concreto
Conforme a los antecedentes procesales cursantes en obrados, se puede constatar que la presente acción tutelar fue presentada por la accionante, cuestionando que fue aprehendida arbitraria e ilegalmente por las Fiscales de Materia demandadas, quienes no la citaron previamente dentro de la investigación sobre ganancias ilícitas, de la que no tuvo conocimiento. Al respecto, los supuestos actos ilegales en que hubiesen incurrido las citadas Fiscales, debieron ser denunciados ante el Juez Cautelar, toda vez que como señala en su informe una de las Fiscales demandadas -no desvirtuado por la accionante- dentro del proceso penal que se sigue contra su esposo y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y ganancias ilícitas.
Se emitió la Resolución y el mandamiento de aprehensión en su contra, ante la supuesta existencia de peligro de fuga y obstaculización, en forma directa sin previa notificación, actuación que fue puesta en conocimiento del Juez de Instrucción Cuarto en lo Penal, quien señaló audiencia de medidas cautelares para el 4 de febrero de 2011, (al día siguiente de la consideración de la presente acción de libertad), circunstancia por la que si en inicio consideraba que se vulneraron los derechos que ahora denuncia, debió acudir al Juez cautelar de turno -si como asevera en el memorial de demanda- no existía imputación formal en su contra; sin embargo, al estar la investigación bajo control jurisdiccional, debe efectuar su reclamo en la audiencia de medidas cautelares fijada por el Juez que ejerce el control jurisdiccional, autoridad que en ejercicio de sus funciones específicas y con plenitud de jurisdicción y competencia es el llamado a reparar las ilegalidades denunciadas, restituyendo los derechos vulnerados, corrigiendo o anulando las actuaciones de las demandadas, para así obtener la tutela que pretende ahora mediante la acción de libertad, que como se vio en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, no es un una acción sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que resultan idóneos para la tutela del derecho a la libertad, activándose únicamente cuando dichos medios no resultaren efectivos y persista la lesión a este derecho en cualquiera de sus formas, al no haberlo hecho, no se abre el ámbito de protección de esta acción tutelar, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la acción de libertad planteada.
En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro de las previsiones del art. 125 de la CPE, por lo que el Juez de garantías, al denegar la acción de libertad, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.
POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Sentencia 04/11 de 3 de febrero de 2011, cursante de fs. 63 a 64, dictada por el Juez Primero de Partido y Sentencia en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.
No interviene el Presidente, Dr. Ernesto Félix Mur por no haber conocido el asunto.
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO

Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés
MAGISTRADO

Fdo. Dra. Lily Marciana Tarquino López
MAGISTRADA

Fdo. Dra. Eve Carmen Mamani Roldán
MAGISTRADA