SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1786/2011-R
Sucre, 7 de noviembre de 2011

Expediente: 2010-21149-43-AAC
Distrito: Santa Cruz
Magistrada Relatora: Dra. Eve Carmen Mamani Roldán

En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Karlos Rodrigo Suárez Moreno, Gerente General de la Feria Comercializadora de Ganado “FERCOGAN S.R.L.” contra Harold Pereira Zeballos y Daniel Arze, Jefe y encargado del Departamento de Regulación y Control Ambiental del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

I.1.1. Hechos que la motivan

Mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2009, cursante de fs. 167 a 181, el accionante alega que la Feria Comercializadora de Ganado “FERCOGAN S.R.L.”, a la cual representa, es una empresa legalmente constituida el año de 2004, dedicada a la subasta y remate de ganado, abarcando porcentaje del 75% del mercado en general, contando a dicho efecto con la licencia ambiental que le otorgó la Gobernación del Departamento de Santa Cruz el 19 de septiembre de 2008, con el Permiso Zoosanitario de Funcionamiento de Lugares de Concentración de Animales, concedido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y con la licencia de funcionamiento de actividad económica extendida por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Indica que, es una empresa que ha dado fiel y estricto cumplimiento a toda la normativa ambiental relacionada a su giro, tanto es así que inclusive fue realizada consultoría en materia ambiental de la cual derivaron en conclusiones y recomendaciones menores rumbo a la obtención de las Certificaciones de Calidad International Organizatión for Standardizatión (ISO) 9000 e ISO 14000.

Manifiesta que, el 28 de octubre de 2009, funcionarios del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, realizaron una inspección a los ambientes de la empresa, no encontrando mayores observaciones, a cuyo efecto levantaron un Acta Circunstanciada, en la cual no se reportó ninguna infracción ni falta administrativa, por lo cual se procedió a dar cumplimiento a las sugerencias realizadas por los citados funcionarios públicos.

Agrega que, no obstante de lo expresado precedentemente, el 27 de noviembre de 2009, dos funcionarios del Departamento de Regulación y Control Ambiental del referido Gobierno Municipal, procedieron a clausurar “FERCOGAN S.R.L.”, de una manera ilegal y arbitraria, contraviniendo todo el ordenamiento administrativo vigente, dando lugar a pérdidas millonarias y a la otorgación de vacaciones colectivas forzadas al personal, hechos originados en la violación de derechos de rango constitucional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración de la “seguridad jurídica”, del principio de legalidad, de los derechos al trabajo, a la propiedad privada, a la presunción de inocencia, del debido proceso, a la defensa, a ser escuchado antes de ser objeto de una sanción, a la libertad de la empresa y a la iniciativa privada de la entidad a la cual representa, citando al efecto los arts. 13.I, 14.III, 46.1), 115.II, 116.I, 117.I, 308.I y II, 311.5) de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

El accionante solicita se declare “procedente” la acción de amparo constitucional, disponiendo: 1) La medida cautelar de suspensión de los efectos de la clausura efectuada; 2) La nulidad de la clausura ilegal de 27 de noviembre de 2009; 3) La inhibitoria de reincidencia de actos similares; y, 4) La declaratoria de responsabilidad civil y penal de los funcionarios accionados.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 17 de diciembre de 2009, conforme consta en el acta cursante de fs. 211 a 219 vta., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, ratificó íntegramente los términos de la acción planteada, haciendo énfasis respecto a que la clausura fue ejecutado el día viernes 28 de noviembre de 2009, razón por la cual y ante la inminencia del daño que pudiera sufrir la empresa accionada, acudieron directamente al tribunal de garantías en busca de la tutela constitucional ya que el acudir a la vía administrativa de impugnación importaría pérdidas económicas cuantiosas que en definitiva acarrearían la quiebra de la empresa.

I.2.2. Informe de los funcionarios públicos

El abogado de la parte accionada en audiencia manifestó que: a) No es cierto que la clausura haya sido efectuada el día 28 de noviembre, siendo lo evidente que el acto ahora impugnado fue efectivamente ejecutado el día viernes 27 de noviembre, clausura que no fue cumplida hasta el día de la celebración de audiencia, toda vez que, la empresa accionante no dejó de trabajar ni de día ni de noche; b) Lo que hicieron los funcionarios públicos fue actuar de oficio para preservar la salud del medio ambiental de la zona debido a varias denuncias existentes; c) Evidentemente existen pasos previos a la clausura; sin embargo, en el presente caso no es aplicable ningún procedimiento, dado que el estado de insanidad fue tal que ameritaba la clausura inmediata de la empresa, tal cual se tratase de la venta de carne podrida, hecho que no se puede permitir y no amerita la prosecución de ningún tramite; y, d) La empresa pudo activar la fase administrativa de impugnación como cualquier administrado, buscando de ésta manera la suspensión del acto recurrido.

I.2.3. Resolución

La Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución de 17 de diciembre de 2009, cursante de fs. 219 vta. a 220 vta., por la cual concedió la acción de amparo constitucional planteada, disponiendo dejar sin efecto la clausura en tanto no exista una resolución fundada que así lo establezca, en base a los siguientes fundamentos: a) Al no existir Resolución motivada, fruto de un procedimiento previo, no es posible la aplicación de la sanción de clausura, por tanto los actuados de los funcionarios públicos accionados ingresan dentro de la categoría de arbitrarios e ilegales; y, b) Tampoco es factible la interposición de recursos alguno por parte de la empresa accionante, toda siendo que no existía Resolución que impugnar, por tanto se desconocen los puntos o extremos que pudieron ser observados al momento de plantear su defensa en sede administrativa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal por Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009, es decir, bajo el nuevo orden constitucional. Por Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió al sorteo de las causas pendientes; por lo que, la presente Sentencia es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Del atento análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece la siguiente conclusión:

II.1.El 28 de octubre de 2009, funcionarios del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, elaboraron Acta Circunstanciada de la inspección ocular realizada a las instalaciones de la empresa “FERCOGAN S.R.L.”, en la cual fueron consignadas tres sugerencias de carácter sanitario ambiental, sin que ninguna de ellas pueda considerarse notificación con el inicio de un procedimiento sancionatorio (fs. 21 a 22).

II.2.El propio Gobierno Municipal de Santa Cruz en audiencia correspondiente a la acción de amparo constitucional, admitieron que la clausura de “FERCOGAN S.R.L.”, fue efectuada el día viernes 27 de noviembre de 2009 (fs. 216)

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante en representación de la empresa, Feria Comercializadora de Ganado “FERCOGAN S.R.L.”, considera que fueron vulnerados la “seguridad jurídica”, el principio de legalidad y los derechos al trabajo, a la propiedad privada, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la defensa, a ser escuchado antes de ser objeto de una sanción, a la libertad de empresa y a la iniciativa privada, dado que la empresa a la cual representa fue objeto por parte de funcionarios del Gobierno Municipal de Santa Cruz de una sanción administrativa de clausura sin la sustanciación de un proceso sancionatorio previo, servidores públicos que actuaron de una manera arbitraria e ilegal, más aún cuando la citada empresa cumplía con toda la normativa ambiental y administrativa que respalda su legalidad. En consecuencia corresponde analizar, en revisión, si en el presente caso se debe conceder o no la tutela solicitada.

III.1.La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica

La acción de amparo constitucional consagrada por el art. 128 de la CPE, se instituye como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la Ley.

De conformidad a la disposición constitucional citada y en aplicación y vigencia de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa de todos los derechos fundamentales y garantías previstas en la Ley Fundamental y en los Pactos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por nuestro Estado Plurinacional (art. 410 de la CPE), salvo los derechos a la libertad y a la vida -cuando éste se encuentre vinculado a la libertad-, que está bajo la protección de una acción específica como es la acción de libertad.

En este sentido la acción de amparo constitucional tiene carácter extraordinario, una tramitación especial y sumaria; la inmediatez en la protección y no reconoce ningún fuero, privilegio ni inmunidad con relación a las autoridades o personas demandadas.

Consiguientemente, esta acción de defensa tiene por finalidad única el resguardo de los derechos fundamentales de quien acude buscando tutela, lo que determina su alcance en relación a la protección de derechos y garantías constitucionales y no así de principios; empero, por la misma naturaleza jurídica del amparo constitucional como acción extraordinaria de defensa, no puede omitirse considerar el resguardo y materialización de los principios ordenadores de la administración de justicia en cada caso concreto, por ende, es viable la protección de principios constitucionales -vía acción de amparo constitucional- cuando de ella emerjan lesiones a derechos fundamentales o garantías constitucionales. (en ese mismo sentido las SSCC 0107/2010-R y 0485/2010-R, entre otras).

III.2.La seguridad jurídica y el principio de legalidad en el nuevo orden constitucional

La SC 0096/2010-R de 4 de mayo, ha señalado: “Sobre la seguridad jurídica, invocada en su momento por la accionante, como 'derecho fundamental', cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: 'A la vida, la salud y la seguridad', a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del 'derecho a la seguridad jurídica' como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, a través de la STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: "'a seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo'.

En consecuencia, y volviendo a la realidad jurídica nacional actual, se debe tener claramente establecido que 'la seguridad jurídica' al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento.

De tal manera que cuando se viola un derecho fundamental en esa instancia procesal sea judicial o administrativa, deviene en la inobservancia a este principio de orden general y procesal, es decir, es un efecto o consecuencia; más sin embargo ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal. Por ello, cuando se exigía la tutela en su generalidad se lo hacía unido a otros derechos como lógica consecuencia, no así de manera independiente.

Al respecto, en un entendimiento coherente con el presente razonamiento, este Tribunal en la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, señaló que: 'la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad '.

Por lo expuesto precedentemente se concluye que, el principio de seguridad jurídica, si bien no puede ser invocado directamente como lesionado, sino se halla estrechamente vinculado a derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, no se puede de dejar de lado el hecho que a través de la protección esos derechos y garantías, se materializa el cumplimiento de este principio.

En cuanto al principio de legalidad, de conformidad a lo previsto por el art. 180 de la CPE, éste Tribunal a través de su SC 0275/2010 de 7 de junio, ha señalado que: “(…) es un principio procesal de la jurisdicción ordinaria; al respecto este Tribunal a través de la SC 0919/2006-R de 18 de septiembre, que a su vez citó a la SC 0062/2002 de 31 de julio, estableció que: 'el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho' (...) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley”.

III.3.El derecho al trabajo, a la propiedad privada y a la libre empresa

Sobre el derecho al trabajo el Tribunal Constitucional ha establecido en la SC 0107/2010-R de 10 de mayo: “El derecho al trabajo, se encuentra normado en el art. 46.I.1 de la CPE, y refiere que: 'Toda persona tiene derecho: al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna'; derecho, también desarrollado en la jurisprudencia constitucional, que concuerda con lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su art. 23.1 dice: 'Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo'”.

En cuanto al derecho a la propiedad privada la SC 0183/2010 de 24 de mayo, determinó: “Derecho a la propiedad: Derecho que se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado vigente, en su art. 56 (art. 7 inc. i de la CPEabrg), en concordancia con el art. XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que expresa: 'Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar', en el mismo sentido el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, establece que: 'Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes…', es decir, al derecho de usar, percibir los frutos y disponer del mismo que se hace oponible a terceros, a través de su publicidad (art. 1545 del Código Civil [CC]), sin otras limitaciones que las establecidas por la ley”.

III.4.El debido proceso y el derecho a la defensa en el ámbito constitucional

El proceso sancionatorio, sea en el ámbito que fuere, necesariamente debe hallarse impregnado de todos los componentes que hacen al debido proceso, elementos que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto al juez natural, legalidad formal, tipicidad y defensa irrestricta. “… La doctrina en materia de derecho sancionador es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal”. (García de Enterría, E. y Fernández, T. R., Curso de derecho administrativo, II,Civitas, Madrid, 1999, página 159).

Este procedimiento sancionatorio, debe ser originado en una falta establecida de antemano, cumpliéndose con el principio de tipicidad, elemento fundamental del debido proceso, que a su vez es común al ejercicio del ius puniendi, que exige la preexistencia de la norma mediante la cual se establece una sanción, dando lugar a la aplicación de la máxima universal del “nullun crimen, nulla poena sine lege”, evitando de ésta manera la indeterminación que da lugar a la arbitrariedad.

El art. 117.I de la CPE, señala que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, entendido éste como el derecho de toda persona física o jurídica a un proceso justo y equitativo, dentro del cual se garantice al procesado el conocimiento o notificación oportuna de la presunta falta cometida a efectos de que pueda estructurar eficazmente su defensa, consiguientemente le asisten también el derecho a ser escuchado, a presentar pruebas, a impugnar, y fundamentalmente el derecho a la doble instancia; otorgándole la oportunidad de defenderse sin restricción alguna de cualquier agresión a sus derechos originada en actos de cualquier particular o del propio Estado a través de sus autoridades; entendimiento que nos permite afirmar que el debido proceso no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también a todo el universo del derecho sancionatorio.

El debido proceso es transversal a todo procedimiento sancionatorio, haciendo a su esencia misma, en razón a que no podrá aplicarse sanción alguna si haber previamente escuchado los argumentos de defensa de la parte acusada. La administración pública no puede apartarse del respeto absoluto al debido proceso, con mayor razón si se trata del ejecutivo municipal que tiene relación estrecha con el administrado en un proceso de interactuación permanente, debiendo en todos los casos en los cuáles se inicie un procedimiento sancionatorio, comprobar los hechos dentro del marco del respeto a las garantías constitucionales, permitiendo a su vez que el procesado respalde su posición y en definitiva haga conocer su verdad ante un juzgador imparcial quien a la hora de emitir la resolución que corresponda habrá compulsado la totalidad de la documentación y evidencia sujeta a su consideración, garantizando de ésta manera el debido proceso hoy acusado de haber sido vulnerado. La SC 0160/2010-R de 17 de mayo, señaló que: “El debido proceso, está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) -art. 16.IV de la CPEabrg-, y como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”.

En el mismo sentido la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, determinó que: “En el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad, y también se establece como un derecho en el art. 115.II de la misma norma; al mismo tiempo, a nivel constitucional, se le reconoce como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional, configuración jurídica contemplada ya por el art. 16 de la CPEabrg, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la CPE que dispone: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…'”.

La SC 1534/2003-R de 30 de octubre, cuyo entendimiento fue recogido por la SC 0375/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: “El debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa, previsto por el art. 16.II de la CPE, como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.”.

III.5. Análisis del caso concreto

De acuerdo a los principios generales del derecho, aplicables al ámbito sancionador, correspondía, en el presente caso, a los funcionarios del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, iniciar el procedimiento sancionador establecido en el Manual para la Recepción, Atención, Seguimiento y Control de Denuncias Ambientales, aprobado mediante la Ordenanza Municipal (OM) 042/2001 de 5 de junio, aplicándose si hubiese correspondido el Reglamento Municipal para la aplicación de multas, sanciones e incentivos aprobado mediante OM 041/2001 de 5 de junio, sin que aquello signifique que los citados reglamentos contengan a criterio de este Tribunal de un procedimiento que garantice el debido proceso en su sentido más amplio.

El Gobierno Municipal cuestionado, a través de las instancias institucionales correspondientes debió notificar los cargos que creyere existentes, valorando las pruebas, los hechos acontecidos, las circunstancias que los rodean, las causas de justificación aplicables; evaluando en segundo término los descargos presentados, considerando las atenuantes que pudieron ser esgrimidas en las argumentaciones expuestas, así como las agravantes que pudieron surgir de la evaluación; y, finalmente lo más importante, tenía el deber ineludible de contrastar todo ello, con las disposiciones legales aplicables a los hechos que son objeto de investigación, para encontrar la causalidad entre los hechos o faltas cometidas y la norma que describía su sanción.

Una vez determinada la sanción que correspondía, recién ese acto administrativo pudo ser notificado a la empresa sancionada, a efectos de una posible impugnación por parte de ésta, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999.

La función de los funcionarios públicos competentes debió ser equiparada a la de cualquier administrador de justicia, debiendo ser llevada a cabo, respetando los principios y valores en que se sustenta la administración de justicia en general, extremo que no concurrió en autos; toda vez que, la sanción de clausura fue aplica de facto cual si se tratase de una medida de hecho, sin dar lugar a la empresa ahora accionante de defender sus derechos.

Consecuentemente, se puede concluir de la revisión de los antecedentes y de la jurisprudencia aplicable al caso, que los derechos invocados por la empresa accionante fueron efectivamente lesionados.

El derecho al trabajo fue indudablemente restringido, siendo que la actividad normal de la empresa fue afectada por las decisiones de los funcionarios ediles accionados, pudiendo afirmarse también que el debido proceso en el caso de autos se halla ausente, por cuanto como ya se dijo, los funcionarios públicos del Gobierno Municipal de Santa Cruz demandados, procedieron a aplicar una sanción de hecho, sin la sustanciación de un proceso sancionatorio previo, evitando que la empresa afectada pueda ser oída, actuando en contra de la preservación del bien jurídico de la justicia, sin respetar la efectivización de los derechos y garantías fundamentales que se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.1 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución de 17 de diciembre de 2009, cursante de fs. 219 vta. a 220 vta., dictada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No intervienen los Magistrados, Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés y la Dra. Lily Marciana Tarquino López; por no haber conocido ambos el presente asunto.

Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur
PRESIDENTE

Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO

Fdo. Dra. Eve Carmen Mamani Roldán
MAGISTRADA